MAG transfirió irregularmente certificados
agronómicos a 20.751 beneficiarios
agronómicos a 20.751 beneficiarios
(3 de noviembre, 2009) La Contraloria General de la República (CGR) halló que el Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar (PRONAF) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) concedió transferencias de recursos (certificados agronómicos) fuera de los criterios de elegibilidad a 20.751 beneficiarios. Esto, debido principalmente a que el listado de beneficiarios establecido a través del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) no es confiable para establecer con exactitud la cantidad de productores a nivel nacional, afectando notablemente la eficiencia, eficacia y economía en la implementación del programa. La auditoría abarca del 1º de enero al 31 de julio de 2008.
El PRONAF es considerado estratégico para contribuir a lograr la seguridad alimentaria de un sector poblacional altamente vulnerable, y está enmarcado entre las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que buscan “erradicar la pobreza extrema y el hambre”.
La cifra de 20.751 representa el 23% de un total de 90.775 beneficiarios, por un importe total de Gs. 3.235.600.000. Según la CGR, el PRONAF no logró sus objetivos principalmente debido a la falta de un listado de beneficiarios confiable, a la falta de control interno, a la escasa participación de técnicos de campo en el programa y falta de participación del MAG para la etapa de comercialización de los productos. La auditoría detectó que los trabajos de actualización de la base de datos del RENAF se iniciaron en forma posterior al desembolso del mes de marzo/ abril de 2008, dificultando la posibilidad de establecer con exactitud la cantidad total de productores y la cantidad total de probables beneficiarios a nivel nacional. La provisión del listado estaba a cargo de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA) del MAG.
Los principales responsables son Alfredo Molina (ministro nombrado el 30 de enero de 2007), Miguel Angel Pangrazio (viceministro de Agricultura), José Germán Serrati Sosa (director ejecutivo), Daniel Bordón (coordinador territorial), Pedro Augusto Bernal (técnico zonal de coordinación territorial) y María Elena Rodríguez (jefa del Departamento de Administración Finaciera). La CGR recomienda al MAG la instrucción de sumario administrativo a todos los funcionarios intervinientes, e impulsar la sanción civil y penal en los casos que correspondan.
Por ejemplo, según la muestra tomada por los auditores, el PRONAF desembolsó recursos a beneficiarios cuya principal fuente de ingreso familiar no es la agricultura, en los departamentos de Central, Paraguari, Cordillera e Itapúa (por un importe total de Gs. 3.200.000). Mediante verificaciones in situ, la CGR detectó que fueron beneficiadas personas cuya principal fuente de ingresos son la albañilería, artesanía, comercio (despensas), venta de quiniela, gomería y carpintería.
El PRONAF también ha desembolsado recursos sin consignar y registrar los datos mínimos requeridos para el efecto: un 4% del total de beneficiarios no cuentan con datos para su ubicación. En cifras, se trata de 3.763 beneficiarios y por un monto general de Gs. 1.505.200.000. La auditoría de la CGR no pudo constatar si estos recursos fueron entregados, debido a que (del total de 3.763): 87 beneficiarios carecen totalmente de algún dato para su ubicación, 3.552 no cuentan con datos de distrito y compañía (solo se menciona el departamento), y 124 no mencionan la compañía (solo el departamento y el distrito).
El objetivo del PRONAF es “establecer, desarrollar e implementar instrumentos innovadores de apoyo a la agricultura familiar, que permitan contribuir a la mejora de la producción y productividad agropecuaria, y por ende al aumento de ingresos de los agricultores familiares del país”. El PRONAF tiene una duración de cinco años, iniciándose el 1º de enero de 2008.
La auditoría de la CGR a la gestión del PRONAF señala que no se cumplieron los objetivos principales del programa, puesto que “no se logró ordenar y optimizar el gasto público asignado al MAG, debido a que ni siquiera el listado de productores se encontraba actualizado, otorgando los beneficios a personas que no se enmarcan dentro de los criterios de elegibilidad”. Además, no se incrementó ni se incentivó la adopción de tecnologías agropecuarias y forestales (por la falta de acompañamiento de técnicos que colaboren en este ámbito) y no se logró establecer, desarrollar e implementar instrumentos innovadores de apoyo a la agricultura familiar.
Según la CGR, la gestión del PRONAF demostró ineficacia en la instrumentalización oportuna del marco normativo, administrtivo, financiero y reglamentario operativo; ineficiencia en los procesos de ejecución, gestión documental respaldatoria, supervisión y verificación de los procesos. Además, la CGR señala la imposibilidd de medición del impacto general del PRONAF, por las deficiencias con las cuales ha sido implementado; y resalta las faltas administrativas en el gerenciamiento de los recursos, sin sujeción a las disposiciones pertinentes que la regulan (reglamento operativo y disposiciones concordantes).
El informe final se encuentra en el sitio Web de la CGR: www.contraloria.gov.py
Enlace al informe final
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Dirección de Comunicación: 613 345 - RA: 6200000
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La cifra de 20.751 representa el 23% de un total de 90.775 beneficiarios, por un importe total de Gs. 3.235.600.000. Según la CGR, el PRONAF no logró sus objetivos principalmente debido a la falta de un listado de beneficiarios confiable, a la falta de control interno, a la escasa participación de técnicos de campo en el programa y falta de participación del MAG para la etapa de comercialización de los productos. La auditoría detectó que los trabajos de actualización de la base de datos del RENAF se iniciaron en forma posterior al desembolso del mes de marzo/ abril de 2008, dificultando la posibilidad de establecer con exactitud la cantidad total de productores y la cantidad total de probables beneficiarios a nivel nacional. La provisión del listado estaba a cargo de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA) del MAG.
Los principales responsables son Alfredo Molina (ministro nombrado el 30 de enero de 2007), Miguel Angel Pangrazio (viceministro de Agricultura), José Germán Serrati Sosa (director ejecutivo), Daniel Bordón (coordinador territorial), Pedro Augusto Bernal (técnico zonal de coordinación territorial) y María Elena Rodríguez (jefa del Departamento de Administración Finaciera). La CGR recomienda al MAG la instrucción de sumario administrativo a todos los funcionarios intervinientes, e impulsar la sanción civil y penal en los casos que correspondan.
Por ejemplo, según la muestra tomada por los auditores, el PRONAF desembolsó recursos a beneficiarios cuya principal fuente de ingreso familiar no es la agricultura, en los departamentos de Central, Paraguari, Cordillera e Itapúa (por un importe total de Gs. 3.200.000). Mediante verificaciones in situ, la CGR detectó que fueron beneficiadas personas cuya principal fuente de ingresos son la albañilería, artesanía, comercio (despensas), venta de quiniela, gomería y carpintería.
El PRONAF también ha desembolsado recursos sin consignar y registrar los datos mínimos requeridos para el efecto: un 4% del total de beneficiarios no cuentan con datos para su ubicación. En cifras, se trata de 3.763 beneficiarios y por un monto general de Gs. 1.505.200.000. La auditoría de la CGR no pudo constatar si estos recursos fueron entregados, debido a que (del total de 3.763): 87 beneficiarios carecen totalmente de algún dato para su ubicación, 3.552 no cuentan con datos de distrito y compañía (solo se menciona el departamento), y 124 no mencionan la compañía (solo el departamento y el distrito).
El objetivo del PRONAF es “establecer, desarrollar e implementar instrumentos innovadores de apoyo a la agricultura familiar, que permitan contribuir a la mejora de la producción y productividad agropecuaria, y por ende al aumento de ingresos de los agricultores familiares del país”. El PRONAF tiene una duración de cinco años, iniciándose el 1º de enero de 2008.
La auditoría de la CGR a la gestión del PRONAF señala que no se cumplieron los objetivos principales del programa, puesto que “no se logró ordenar y optimizar el gasto público asignado al MAG, debido a que ni siquiera el listado de productores se encontraba actualizado, otorgando los beneficios a personas que no se enmarcan dentro de los criterios de elegibilidad”. Además, no se incrementó ni se incentivó la adopción de tecnologías agropecuarias y forestales (por la falta de acompañamiento de técnicos que colaboren en este ámbito) y no se logró establecer, desarrollar e implementar instrumentos innovadores de apoyo a la agricultura familiar.
Según la CGR, la gestión del PRONAF demostró ineficacia en la instrumentalización oportuna del marco normativo, administrtivo, financiero y reglamentario operativo; ineficiencia en los procesos de ejecución, gestión documental respaldatoria, supervisión y verificación de los procesos. Además, la CGR señala la imposibilidd de medición del impacto general del PRONAF, por las deficiencias con las cuales ha sido implementado; y resalta las faltas administrativas en el gerenciamiento de los recursos, sin sujeción a las disposiciones pertinentes que la regulan (reglamento operativo y disposiciones concordantes).
El informe final se encuentra en el sitio Web de la CGR: www.contraloria.gov.py
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