Contraloría: comuna de Villa Elisa pagó unos
Gs. 800 millones de más a sus concejales

(9 de diciembre, 2010) La administración de la Municipalidad de Villa Elisa pagó a sus concejales dietas mayores a lo establecido o permitido en las disposiciones legales, por un total de Gs. 802.282.784 (pagado de más). La Contraloría General de la República (CGR) detectó este hecho en el marco de una auditoría presupuestal de ingresos y gastos realizada a dicho municipio, y que corresponde al periodo comprendido del 1º de enero al 30 de noviembre de 2009 (Res. CGR Nº 1390/09; luego ampliada por la Res. CGR Nº 071/10).

El ente superior de control sigue sosteniendo el criterio (ya utilizado en diversos dictámenes de manera coincidente) que “dentro del porcentaje de ingresos corrientes que corresponde ser destinado por las municipalidades para el pago de dietas a los concejales municipales, debe incluirse toda remuneración a ser percibida por los mismos; en consecuencia, el pago de bonificaciones y gratificaciones debe incluirse dentro de dicho porcentaje, observando lo establecido por las disposiciones respectivas”.
El informe de auditoría señala que, según el 10% correspondiente a la dieta anual de los concejales, debió pagárseles 976.437.216. Sin embargo, los mismos percibieron un total de Gs. 1.778.720.000 (ver cuadros en la página 7 del informe final). Estos hechos ocurrieron siendo intendente municipal Miguel Angel Fretes Almada y siendo concejales César Esteban Paredes Franco, Cecilio Ramón Oviedo Pérez, Nelson Edgar Benítez Ayala, Juan Carlos Toffoletti Martínez, Teófilo Antonio Ramos Tellier, Sergio Antonio Verón de Astrada Páez, Carmelo Antonio Núñez Ortega, Oscar Aniano Gómez Duarte, Edilberto Carvallo Martínez, Katia Mabel González Villanueva, Esteban Núñez Alonso y Gabriel Antonio Rojas Calvo.
El ente superior de control recomendó a la administración municipal “impulsar los trámites pertinentes para recuperar lo pagado indebidamente a los miembros de la Junta Municipal al superar el porcentaje máximo establecido por la ley para el pago de las dietas a los concejales” (ver pág. 24 del informe final). También recomendó la instrucción de sumarios administrativos a los funcionarios intervinientes e impulsar los trámites de rigor si, a consecuencia de la investigación efectuada, surgieren indicios de responsabilidad civil y penal.
La municipalidad también registró G. 332.883.950 en gastos por demás en la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2009. Esta suma viene a ser la diferencia entre los documentos que respaldan los gastos y la ejecución presupuestaria del periodo auditado (ver cuadro página 8 del informe final).
En el ejercicio fiscal 2009, la administración municipal emitió órdenes de pago sin comprobantes de respaldo por un total de G. 129.312.000 (la CGR generará al respecto un formulario de reporte de indicio de hecho punible contra el patrimonio). Tras el control efectuado a las órdenes de pago, se ha observado mala imputación por pagos a sub cuentas que no corresponden, por G. 42.446.000. También se detectó que la administración municipal realiza las imputaciones a los subgrupos y no así al objeto del gasto, como lo establece el clasificador presupuestario. La CGR recomendó a la administración municipal ajustarse a lo estipulado en los clasificadores presupuestarios de las leyes presupuestarias de la nación, vigentes en el momento de la operación, para la imputación de los gastos de la institución.
La recomendación final de la CGR a la administración municipal es implementar sistemas de control interno y adoptar los manuales de normas, procedimientos y funciones para que sus operaciones de ingresos y egresos cumplan con la legislación correspondiente y pueda ejercer un control sobre las mismas.
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