Ministerio de Justicia y Trabajo construye penitenciaría
de Emboscada en zona inundable, dice Contraloría

(5 de octubre, 2010) La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) está construyendo la Penitenciaría Nacional de Emboscada en una zona de fuerte pendiente con erosión del suelo natural, que cuando llueve se inunda y colmata las instalaciones. El ente superior de control realizó un examen especial a la primera etapa de la construcción de la obra, constatando además que el local penitenciario no reúne los mínimos requisitos de seguridad y de impacto ambiental, por lo que no se encuentra en condiciones de ser habilitada para su funcionamiento y operatividad. Para la entidad fiscalizadora superior, el MJT no ha demostrado eficiencia en la administración de sus recursos institucionales.

El monto sujeto a control ascendió a G. 6.242.868.716, proveniente de la donación de US$ 2.000.000 otorgada por el Gobierno de la República de China a la República del Paraguay, que fue  destinada a la modernización del sistema penitenciario (en especial a la ejecución de las obras edilicias de una nueva penitenciaría modelo para mil internos, en la localidad de Emboscada). El MJT fue ineficiente en la administración de sus recursos institucionales al no culminar la obra con el presupuesto asignado a ella; además, la falta de gestión apropiada hizo que se destinaran más sumas de dinero al pago de ampliaciones sin que el penal pudiera llegar a habilitarse (ver apartado 2.1 del informe final).

La construcción de la penitenciaría se realizó en zona de fuerte pendiente con erosión del suelo natural, que con las lluvias se inunda y colmata las instalaciones, dificultando el pleno usufructo de las mismas. Esto obligará a mayores erogaciones por la necesidad de realizar obras complementarias a efectos de solucionar esas dificultades (apartado 2.2). El local penitenciario no reúne los requisitos mínimos desde el punto de vista de la seguridad y del impacto ambiental, por lo que no se encuentra en condiciones de ser habilitado: su funcionamiento y operatividad dependerán de la ejecución de trabajos complementarios y necesarios en una etapa posterior (ver apartado 2.3 del informe final).

El ente superior de control detectó que el MJT pagó G. 377.674.252 de más, al no ser elaboradas las “actas de constancia” (que deben expresar la cantidad de trabajo medido en obra). En consecuencia, el MJT pagó mayor cantidad de trabajo que lo realmente ejecutado, incluyendo las obras civiles y eléctricas, perjudicando el patrimonio institucional (ver apartado 2.5 del informe final).

Las modificaciones del Bloque de Sanidad, que ya contaba con recepción definitiva, no fueron efectivas. A más de no lograr la habilitación del penal, disminuyeron la capacidad y funcionalidad del programa de salud, seguridad y asistencia médica para los internos. El monto de G. 22.663.015 invertido puede considerarse como una pérdida, por cuanto que la habilitación tan solo podrá conseguirse con la realización de otros trabajos previstos en etapas posteriores y que obligarían a rehacer el Bloque de Sanidad (ver apartado 2.4).

La instalación eléctrica de la primera etapa del penal de Emboscada no se encuentra concluida y no cumple varios puntos de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y del reglamento de la ANDE. El ente superior de control advierte que, de habilitarse en las condiciones descritas, constituiría un serio peligro para las personas que usufructuarán o que concurrirán a este penal (ver apartados 2.6.1 y 2.6.2).

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda, el MJT tiene aún un saldo de US$ 594.407 (equivalente a G. 2.900.000.000 aproximadamente) en la cuenta del Banco Central del Paraguay (BCP), correspondiente al monto donado por la República de China para las mejoras en las penitenciarías (ver apartado 2.13).

La entidad fiscalizadora superior también detectó que el MJT no elaboró el estado de cuenta general (finiquito) según cláusulas contractuales, quedando indefinida la situación de los certificados de reajustes de la contratista. El informe final de auditoría señala que el MJT inició el trámite de adecuación y cumplimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental luego de la sanción impuesta por la Secretaría del Ambiente (SEAM), y hasta la fecha de comunicación de observaciones (marzo de 2010) no contaba con la mencionada licencia (ver apartado 2.8). Además, el registro contable de incorporación de las obras en el patrimonio del MJT fue realizado recién 14 meses después de la recepción final de la obra.

En ente superior de control señala que la falta de manuales de organización de funciones y procedimientos (para las distintas dependencias integrantes del circuito de pagos de la obra contratada) puede dar lugar a falta de delimitación de autoridad y responsabilidad, duplicidad de tareas, debilidad en el proceso de control de documentos presentados por la contratista y extravío de documentación (ver apartado A.2).

La entidad fiscalizadora superior recomendó en forma perentoria al MJT: establecer con claridad los objetivos, metas e indicadores de la consecución de objetivos con la ejecución de cada obra pública; así como contar con los estudios pertinentes que determinen la factibilidad técnica, económica, ambiental y política de realización de la obra (en acuerdo a la legislación y normas vigentes).

El MJT también debe prever los recursos necesarios para dotar a la Penitenciaría Regional de Emboscada de las instalaciones de seguridad mínimas, a fin de volverla operativa y segura conforme lo establecen su propia naturaleza y los conceptos modernos de administración de cárceles. El MJT debe utilizar el saldo de US$ 594.407 de la cuenta del BCP Nº 658 “desembolso de donaciones y crédito externo”, para poner en condiciones las obras de la penitenciaría regional.

El ente superior de control recomendó además al MJT realizar la cuantificación total de los trabajos de obras civiles ejecutados, determinar los montos pagados por demás e iniciar los trámites para recuperarlos. Además de ello, debe relevar pormenorizadamente el estado de las obras eléctricas, de modo a arbitrar los medios para corregir los trabajos mal ejecutados o en contravención a las especificaciones técnicas (en cuyo defecto, recuperar los montos pagados por demás).

La CGR recomendó al MJT instruir sumario administrativo a los funcionarios intervinientes en los procedimientos observados en lo referente a las cantidades de obra certificadas y pagadas en exceso con relación a las realmente ejecutadas, a fin de determinar la responsabilidad administrativa pertinente. La entidad fiscalizadora superior también recomienda al MJT impulsar los trámites de rigor si, a consecuencia de la investigación efectuada, surgieren indicios de responsabilidad civil y/o penal, aún cuando los involucrados hayan dejado de ser funcionarios de la institución auditada.
 
 
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