A criterio del equipo auditor las diferencias encontradas derivan de una falta de control y atención institucional respecto a la fiscalización de sus obras, tal es así que los cómputos métricos y los costos que resultaron de las mediciones realizadas por el ente de control indican pagos por obras realizadas en menor cantidad que lo contratado.

La Municipalidad de Nanawa no ha presentado al equipo auditor, las garantías exigidas en el contrato (Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato por anticipo) con respecto a las obras verificadas, exponiendo en forma innecesaria a la institución a situaciones que puedan ir en desmedro de su patrimonio.

Las transferencias de Royalties al Municipio en el 2008 fueron de G. 591.979.949, en el presupuesto ajustado del año 2009 conforme a la Ley 3895/09, lo transferido fue de G. 775.579.166. El muestreo realizado representó el 82 % del total transferido.

Las observaciones descritas denotan incumplimiento a lineamientos tanto de la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, como de la Ley Nº 1294/87 “Orgánica Municipal” vigente durante el ejercicio fiscal 2008-2009, y a la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, evidenciando la carencia de Planeamiento Físico, manejo administrativo desorganizado, inexistencia de una estructura funcional técnica de obras.

Así también se detecta una insuficiencia de documentos de respaldo de las operaciones administrativas, falta de un archivo organizado, omisión de respaldo jurídico en todas sus operaciones, falta de participación de la Junta Municipal en el proceso de contrataciones, situaciones éstas que exponen a la Municipalidad a un alto grado de riesgo de ocurrencia de conductas o comportamientos que puedan derivar en actuaciones corruptas e indican la necesidad de encarar un programa serio de fortalecimiento acerca de sistema de control interno.

En base a estos hallazgos se elaborará una Comunicación de Indicios de Hechos Punibles contra el patrimonio conforme a dictamen Nº 474/10 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.